LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA CONSTITUYENTE
Elizabeth Bravo
Acción Ecológica
Uno de los aspectos más importantes que debe ser abordado en la nueva Constitución Ecuatoriana, es el de la soberanía alimentaria. La Soberanía Alimentaria es uno de los pilares fundamentales de la Soberanía de los Pueblos y las Naciones, que como objetivo de política implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de los alimentos de la población con la producción local y nacional.
La defensa de la Soberanía Alimentaria se traduce en la capacidad de autoabastecimiento con garantía de acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos que tiene la unidad familiar, la localidad y el país mediante el control del proceso productivo, de manera autónoma, con la promoción y recuperación de las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la biodiversidad, la protección de la producción local y nacional, garantizando el acceso al agua, la tierra, los recursos genéticos y los mercados justos y equitativos con el apoyo gubernamental y de la sociedad. Este concepto contrasta con el de seguridad alimentaria, cuyo objetivo es la provisión de alimentos, sin importar quien controla la producción de alimentos. Podría ser una transnacional, una agencia de cooperación u otro Estado.
A este respecto, el Artículo 42 de la Constitución Política del Ecuador dice que el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria; en tanto que el Artículo 23 establece que el Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la alimentación. Ambos artículos arriba mencionados, son insuficientes para alcanzar los objetivos de la soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria es alentado por agencias como la FAO que han hecho que las comunidades campesinas desarrollen una fuerte dependencia a insumos importados como agroquímicos, semillas, maquinarias agrícolas, y que además dependan de productos importados para alimentarse, pues producen para vender y compran para comer.
Estas agencias han promovido una agricultura para la exportación, y esto es un aspecto que debe ser modificado en el Ecuador, a través de la nueva Constitución. El camino hacia la soberanía alimentaria no es necesariamente producir más, sino recuperar la capacidad de sustentación. Para esto es necesario tener presente que es justamente el modelo de crecimiento económico el que ha provocado el estado actual de la escasez de unos y la abundancia de otros. Y que un secreto en voz alta es que para solucionar la pobreza, lo que debemos enfrentar es la riqueza y la acumulación. La producción de alimentos está relacionada con una serie de otros elementos entre los que se incluyen:
• el derecho a la tierra
• derecho al territorio
• a mantener sus mecanismos tradicionales de control interno
• a mantener todas las prácticas de manejo de la biodiversidad
• a mantener su cultura y su cosmovisión
• el derecho a mantener sus modelos productivo tradicionales como son sus prácticas de caza y pesca, modelos agrícolas, prácticas extractivistas, entre otros.
La soberanía alimentaría debe empezar por el control de las semillas. Esto significa que el estado no debe aceptar ninguna forma de propiedad intelectual sobre las semillas de las que depende nuestra soberanía alimentaría. El Estado debe asegurar además el derecho que tienen las comunidades campesinas a conservar, mejorar, reutilizar e intercambiar libremente sus semillas y los conocimientos y prácticas productivas relacionadas con dichas semillas.
Es menester además garantizar a las comunidades campesinas, el acceder a tecnología apropiada a sus prácticas tradicionales y los ecosistemas, a acceder a crédito preferente y a bajos intereses, que no estén atados a paquetes tecnológicos. Las semillas transgénicas constituyen otra amenaza a la soberanía alimentaria, porque son semillas que no pueden ser controladas por los agricultores, pesan sobre ella derechos de propiedad intelectual, y son atentatorias a nuestra salud, biodiversidad y medio ambiente.
El control de la alimentación por parte de empresas transnacionales es cada vez más fuerte en el mundo. Cada vez es menor el número de empresas que controlan el comercio de semillas y agroquímicos, incluyendo por ejemplo a Monsanto, Syngenta, Bayer y DuPont. Empresas como Cargill, ADM controlan el comercio internacional de productos agrícolas. Nestlé, Unilevel, controlan el procesamiento de esos productos y KFC, McDonals los convierten en comida. No importan donde se produzca el maíz, el trigo, la leche… Lo importante es quien controla la cadena alimenticia global. Y este control está cada vez alejado de las decisiones políticas del productor y hasta de los propios gobiernos. Estos son aspectos que deben ser abordados por la nueva constituyente. Adicionalmente la nueva Constitución debe asegurar que nuestras mejores tierras no sean usadas para la expansión de productos para exportación, como es el caso de las camaroneras y las plantaciones de flores; plantaciones para pulpa de papel, productos agroindustriales (calificados como exportaciones no tradicionales) y ahora, para la expansión de los biocombustibles. Entre los productos de exportación, están los productos biológicos u orgánicos.
A cuenta de que son producidos sin agroquímicos, se los califica como “ecológicos“, desconociendo la inversión enérgetica que supone su traslado y el costo social de privar a comunidades locales de su fuente de alimentación. Tampoco se debe permitir que zonas dedicadas a la soberanía alimentaria sean transformadas en áreas destinadas a la minería, a la extracción petrolera o sean inundadas para producción de energía hidroeléctrica. Adicionalmente, el Gobierno ecuatoriano, por mandato constitucional, debe liderar procesos a nivel internacional que defiendan la soberanía alimentaria como un derecho humano fundamental.
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