Por Juan Samaniego
Mientras los candidatos, unos más unos menos, mencionan la educación y dicen que la cambiarán, el país sigue transcurriendo y sus escuelas funcionando como pueden, sin que a ellas accedan todos los niños y las niñas ecuatorianos.
Mientras la campaña política transcurre, en nuestro sistema escolar van emergiendo diversas evidencias de una relación no sospechada entre los gobiernos locales y la educación, sobre todo en los cantones más pobres del país. Se trata, en definitiva, de una realidad que transcurre y crece, sin que responda necesariamente a acuerdos o definiciones nacionales respecto al rol de los gobiernos locales en la construcción y gestión de la política pública de educación.
Desde hace ya varios años, buena parte de municipios y gobiernos provinciales han asumido diversas formas de apoyo a la educación, desde la histórica rehabilitación de escuelas -a las que el dinse no llega-, hasta apoyos puntuales o permanentes en dotación de material didáctico, textos, capacitación y contratación de maestros. Diversas evidencias lo constatan:
- En cuatro cantones de la Provincia Esmeraldas , alrededor de 700 maestros bachilleres han sido contratados desde hace varios años por los municipios locales, con bonificaciones que en promedio no llegan a la tercera parte del salario de los docentes fiscales. Dichos maestros atienden a 15000 niños y niñas en cuyas comunidades no hay escuela fiscal porque los maestros titulares las han abandonado. Se trata de un subsistema de educación para los más pobres, para los que el sistema no alcanza.
- Cada vez son más los cantones en los que suele escucharse a los alcaldes y concejales frases como “la gente ya no acude a las direcciones provinciales de educación sino a los municipios”. Cada vez son más los municipios que atienden demandas de las comunidades por contratación de maestros. Cientos de escuelas han establecido acuerdos de apoyo de los gobiernos locales, a través de dotación insumos para el trabajo de los niños y, sobre todo, en obras de rehabilitación y acceso vial. Desde hace varios años, se constata el aporte de distintos municipios para eventos de capacitación de maestros. Parecería que estamos frente a una suerte de transferencia por abandono de competencias de educación a los gobiernos locales, sin que haya mediado ninguna solicitud, pero aún recursos económicos.
- Un ejemplo notorio en los últimos años, ha sido la producción y distribución de textos escolares por parte de gobiernos provinciales y municipales. Tal situación ha traído consigo avances en materia de negociación con el estado central y, sobre todo, en la garantía de universalización de insumos básicos para el aprendizaje como los textos escolares. El Ministerio de Educación ha convenido con buena parte de gobiernos provinciales, la transferencia de recursos (no de competencias) para la producción y distribución de textos y capacitación de maestros.
Las constataciones señaladas permiten levantar algunas preguntas que se refieren a dudas, problemas y desafíos de la participación y rol de los gobiernos locales en la educación:
Un primer asunto tiene que ver con la ausencia de rectoría. La cada vez mayor presencia de los gobiernos locales en educación, no responde a propuestas y estrategias de gestión de la educación, plenamente concertadas y establecidas como políticas educativas nacionales. ¿Acaso la demanda desde lo local permitirá e irrumpirá para que la rectoría se asuma como tal?
De manera paradójica, son los municipios probablemente más pobres del país y con menor capacidad de asunción de competencias, los que lentamente han venido asumiéndolas en los hechos, por presión de las propias comunidades. Se ha dicho y argumentado la no viabilidad de los municipios pequeños del país, que son la inmensa mayoría. Siendo la institución que está más cerca de la gente, los municipios requieren generar capacidades que les permitan articular el tema educativo al desarrollo local. ¿Cuáles son esas capacidades?, ¿Acaso es necesario impulsar articulaciones regionales o mancomunidades para la gestión local de la educación?
Probablemente, lo que más debería alertar en la discusión, tiene que ver con los riesgos -que en algunos casos han dejado de serlo- del fortalecimiento de relaciones clientelares a nivel local, a partir de la educación. En efecto, asumir la educación, reducida a la entrega de textos, contratación de maestros o rehabilitación de aulas, puede ser muy favorable para consolidar formas clientelares de relación entre las autoridades y la población del territorio.
Este es un tema crucial, si tomamos en cuenta la importancia de vertebrar un proceso de gestión local de la educación, a partir de la participación y la transparencia. El clientelismo ataca directamente a la capacidad de exigibilidad y veeduría sociales. ¿Quién arbitra o sanciona el uso clientelar de la educación por parte de los gobiernos locales?
Por último, en ninguna de las constataciones señaladas, se destaca la participación de la población como condición sustancial de la gestión local de la educación. No es difícil, por tanto, que la gestión de la educación en los gobiernos locales, se convierta en otra forma de centralización. ¿Qué aseguraría que la gestión local de la educación se forje desde la escuela y la comunidad, antes que desde la estructura del gobierno seccional?
